SADOP CUESTIONA DURAMENTE EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Mario Almirón, secretario general de Sadop Nación fue contundente: "Esa norma debe enfocarse hacia la prevención (evitando los accidentes laborales y las enfermedades profesionales) y no dar por sentado que los accidentes son inevitables".

Con argumentos sólidos y sin ningún eufemismo, el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) a nivel nacional, Mario Almirón, cuestionó en severos términos la intención oficial de introducir cambios a la actual Ley de Riesgos Laborales.

En esa dirección, el dirigente gremial consideró que el proyecto presentado por el Gobierno nacional el 20 de octubre en la Cámara de Diputados, con dictamen favorable de la cámara baja y avalado por el triunvirato de la CGT, "está muy lejos de proteger adecuadamente la situación de los trabajadores".

"El Congreso debe sancionar una Ley de Prevención y Reparación de Riesgos Laborales cuyo eje sea la salud de los trabajadores y no los 'costos' que afronten los empresarios ante siniestros", aseguró Almirón, quien cumple su segundo mandato al frente de Sadop, tras ser reelecto en 2015. 

De profesión abogado y con una aquilatada carrera en el ámbito gremial, Almirón sostuvo que "a la supuesta alta litigiosidad se la pretende instalar como excusa para modificar la ley a favor de los empresarios bajo la lógica de que la salud del trabajador es una mercancía".

Para el sindicalista, la nueva norma "debería reforzar los procedimientos prácticos de prevención de los accidentes; obligar a constituir comités mixtos paritarios de salud y seguridad en cada empresa; facultar a los delegados a fiscalizar las medidas de prevención y contemplar la posibilidad de retener tareas cuando las condiciones y medio ambiente del empleo (Cymat) no sean adecuadas o resulten peligrosas o insalubres".

Sin embargo, admitió que  esas cuestiones no parecen ser el centro de las preocupaciones.

"El proyecto presentado mantiene en lo central el esquema vigente, que delegó en manos privadas (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), el control del Estado de un tema tan importante como la salud de los trabajadores. Esa transferencia de una facultad indelegable es una grave anomalía jurídica y política", aseguró.

Desarticuló los argumentos oficialistas al explicar que "en general, la iniciativa no es favorable a los derechos de los trabajadores y determina una reducción de costos de las indemnizaciones para las ART y los empleadores auto asegurados (como el Estado, al que se habilita a auto asegurarse), por lo que resulta ser totalmente injusta por inequitativa.

"La ampliación de un año más de incapacidad laboral temporaria, la modificación de la forma de cálculo del haber y la tasa de interés reducida, constituyen un desequilibrio a favor del patrón y en contra de los trabajadores".

Almirón, quien también es secretario general de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (Flatec), recordó que  la experiencia internacional indica que un sistema de prevención de riesgos del trabajo público no estatal, con la participación de los trabajadores beneficiarios, es el régimen más adecuado y admitió, que pese a ello, "se insiste con un sistema privado que pone en juego el lucro en un tema tan sagrado como la salud de quienes trabajan".

Finalmente abogó para que el Estado recupere su rol central en la prevención de riesgos del trabajo y que los empleadores asuman y cumplan con el deber de la seguridad e higiene en el ámbito laboral de sus trabajadores.