SADOP no va a aceptar un retroceso en el proceso de recuperación de la educación

SADOP señala que si no se aprueba la Ley de Presupuesto Nacional, corre riesgo el derecho a la educación de los más débiles.

Antes de debatirse en el Congreso Nacional la Ley de Presupuesto, por dictamen de mayoría se propuso incluir una prórroga por dos años del Incentivo Docente y del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo, a fin de garantizar su prolongación. La falta de decisión en este punto compromete –o al menos pone en riesgo– la continuidad de inversión educativa en temas muy sensibles para la comunidad y abre un interrogante sobre posibles retrocesos. El Congreso Nacional debiera brindar una respuesta acorde a la importancia de los derechos en juego. Para SADOP, la educación debe ser un Derecho Universal y no el privilegio de quienes puedan pagar por él.

La sanción en el año 2006 de la Ley de Educación 26.206 constituyó la expresión jurídica e institucional de una nueva direccionalidad en la política educativa nacional, que sólo de tener continuidad la inversión del Estado será coherente con un proyecto de país que privilegie la Justicia Social y los valores que busca proteger:

- Identidad nacional.

- Protección de los Derechos Humanos.

- Participación democrática.

- Cultura del trabajo.

- Integración latinoamericana.

A partir de las leyes de Educación y de Financiamiento Educativo, la Política Educativa Nacional tiene nuevas metas y objetivos. Entre ellos, se destaca: asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, con eje en la inclusión educativa.

Durante la década del 90, el sistema educativo –y en particular los docentes– resistimos a una política de ajuste y desfinanciamiento con consecuencias graves:

- Pérdida de cargos y horas cátedra.

- Deterioro del salario, estabilidad y demás condiciones de trabajo de los educadores.

- Aumento de la deserción escolar.

- Destrucción de la educación técnica.

Los trabajadores de la educación, que contribuimos con nuestro esfuerzo a la generación de la riqueza, no queremos ser objetos de decisiones de minorías, sino sujetos protagónicos de un proyecto popular. Podemos admitir y acordar diversos instrumentos para mejorar la inversión educativa que nuestro país merece y necesita. Lo que de ninguna manera podemos aceptar es un retroceso en el proceso de recuperación de una educación para todo el pueblo, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.