Los docentes frente a las reformas en la educación secundaria
¿PROTAGONISTAS DEL CAMBIO U OBJETOS DEL MISMO?
El anuncio de una serie de medidas destinadas a reformar la educación secundaria en nuestra Provincia han reactualizado el debate sobre la participación de los docentes en la gestación de los cambios destinados a mejorar el sistema educativo.
No hay dudas sobre la necesidad de impulsar y concretar mejoras en este servicio social, vital para el desarrollo de las personas y de la comunidad.
La gran mayoría de los argentinos visualizamos a la educación integral como el mejor instrumento para desarrollarnos, superarnos y perfeccionarnos como personas. También la educación es valorada como un elemento central de la cultura, que permite encontrar “soluciones de vida” a los graves problemas que nuestra sociedad debe afrontar cotidianamente. En particular, existe una demanda social por más y mejor educación accesible a todos, que se manifiesta de modo especial en el nivel secundario.
En ese contexto, y en el marco de la Ley de Educación Nacional, se están diseñando acciones de política educacional que parten de una base legítima - la demanda social a la que antes aludimos - pero que corren el riesgo de generar rechazos por parte de la mayoría de los docentes.
La legitimidad de origen de las reformas se debilita cuando algunos de los cambios que se impulsan no parten de la reflexión de los propios educadores sobre el profundo sentido de su tarea de enseñar, sino que se imponen desde interpretaciones teóricas formuladas por algunos especialistas alejados de la realidad de las escuelas.
Cuando se dice que: “no hay suficiente información en las escuelas” o que las “precisiones no se bajan aún” lo que queda claro es que las medidas no se gestaron “desde” las escuelas” -abajo- sino “desde” otro lugar -“arriba”-, sin participación de la comunidad educativa.
Si a esa falta de adecuada participación en el diseño de las medidas, se le suma una ejecución que afecte los derechos laborales de un grupo de profesores del nivel secundario, cabe señalar que los cambios serán una causa más de la conflictividad no resuelta en el sector docente.
No debe obviarse que en el marco de la Constitución Nacional y la Legislación educativa, está reconocido el derecho de todos los docentes del sistema educativo, estatales y privados, a la estabilidad en el cargo, a la par que se garantiza su participación en el gobierno de la educación por sí o a través de sus representantes.
A nivel internacional, cabe citar a la Recomendación de 1966 de OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente. En el artículo 45 de la misma se reconoce el derecho a: “…la estabilidad profesional y la seguridad en el empleo…incluso cuando se produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar.”
Nuestra actividad tiene injusticias estructurales, como los bajos salarios, o la inaccesible formación profesional, que están pendientes de solución y que condicionan seriamente la oportunidad de los cambios anunciados. Es que sin una mejora sustancial de las condiciones de trabajo de los docentes, toda reforma corre el riesgo de fracasar.
Del mismo modo, debe garantizarse un financiamiento educativo acorde a las nuevas situaciones.
Desde SADOP no estamos sosteniendo el “statu quo” ni somos defensores de un sistema educativo estático, sino dinámico. Pero los cambios deben gestarse desde la realidad y preservar plenamente los derechos de todos los sectores involucrados, buscando mediante el diálogo los consensos necesarios para avanzar, como exige la democracia.
MARIO ALMIRON / SECRETARIO GENERAL /SADOP SECCIONAL CÓRDOBA
El anuncio de una serie de medidas destinadas a reformar la educación secundaria en nuestra Provincia han reactualizado el debate sobre la participación de los docentes en la gestación de los cambios destinados a mejorar el sistema educativo.
No hay dudas sobre la necesidad de impulsar y concretar mejoras en este servicio social, vital para el desarrollo de las personas y de la comunidad.
La gran mayoría de los argentinos visualizamos a la educación integral como el mejor instrumento para desarrollarnos, superarnos y perfeccionarnos como personas. También la educación es valorada como un elemento central de la cultura, que permite encontrar “soluciones de vida” a los graves problemas que nuestra sociedad debe afrontar cotidianamente. En particular, existe una demanda social por más y mejor educación accesible a todos, que se manifiesta de modo especial en el nivel secundario.
En ese contexto, y en el marco de la Ley de Educación Nacional, se están diseñando acciones de política educacional que parten de una base legítima - la demanda social a la que antes aludimos - pero que corren el riesgo de generar rechazos por parte de la mayoría de los docentes.
La legitimidad de origen de las reformas se debilita cuando algunos de los cambios que se impulsan no parten de la reflexión de los propios educadores sobre el profundo sentido de su tarea de enseñar, sino que se imponen desde interpretaciones teóricas formuladas por algunos especialistas alejados de la realidad de las escuelas.
Cuando se dice que: “no hay suficiente información en las escuelas” o que las “precisiones no se bajan aún” lo que queda claro es que las medidas no se gestaron “desde” las escuelas” -abajo- sino “desde” otro lugar -“arriba”-, sin participación de la comunidad educativa.
Si a esa falta de adecuada participación en el diseño de las medidas, se le suma una ejecución que afecte los derechos laborales de un grupo de profesores del nivel secundario, cabe señalar que los cambios serán una causa más de la conflictividad no resuelta en el sector docente.
No debe obviarse que en el marco de la Constitución Nacional y la Legislación educativa, está reconocido el derecho de todos los docentes del sistema educativo, estatales y privados, a la estabilidad en el cargo, a la par que se garantiza su participación en el gobierno de la educación por sí o a través de sus representantes.
A nivel internacional, cabe citar a la Recomendación de 1966 de OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente. En el artículo 45 de la misma se reconoce el derecho a: “…la estabilidad profesional y la seguridad en el empleo…incluso cuando se produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar.”
Nuestra actividad tiene injusticias estructurales, como los bajos salarios, o la inaccesible formación profesional, que están pendientes de solución y que condicionan seriamente la oportunidad de los cambios anunciados. Es que sin una mejora sustancial de las condiciones de trabajo de los docentes, toda reforma corre el riesgo de fracasar.
Del mismo modo, debe garantizarse un financiamiento educativo acorde a las nuevas situaciones.
Desde SADOP no estamos sosteniendo el “statu quo” ni somos defensores de un sistema educativo estático, sino dinámico. Pero los cambios deben gestarse desde la realidad y preservar plenamente los derechos de todos los sectores involucrados, buscando mediante el diálogo los consensos necesarios para avanzar, como exige la democracia.
MARIO ALMIRON / SECRETARIO GENERAL /SADOP SECCIONAL CÓRDOBA
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